Cuando Felipe VI pronunció su primer mensaje como rey de España en junio de 2014, el país entero observaba con una mezcla de expectativa y escepticismo. Su padre, Juan Carlos I, acababa de abdicar tras un reinado marcado por la transición democrática pero también ensombrecido por escándalos recientes. La Corona atravesaba uno de sus peores momentos de popularidad. En ese contexto, un monarca joven, relativamente desconocido para la ciudadanía más allá de su papel como príncipe heredero, asumía la jefatura del Estado con un encargo difícil: regenerar la institución y demostrar su utilidad en una democracia madura.
Han pasado más de diez años desde entonces, y la figura de Felipe VI ha evolucionado de manera notable. No es exagerado decir que su reinado ha estado definido por la gestión de crisis, tanto políticas como institucionales. Y precisamente ahí radica una de las claves para entender su papel en la España contemporánea.
Un monarca constitucional en tiempos de tensión
La función del rey en España, según la Constitución de 1978, es simbólica y representativa. No gobierna, no legislatiza, no decide políticas públicas. Pero sí ejerce como árbitro y moderador de las instituciones, un papel que en momentos de calma pasa casi desapercibido y en momentos de turbulencia se convierte en central.
El primer gran examen de Felipe VI en este sentido llegó con el proceso independentista en Cataluña. La noche del 3 de octubre de 2017, pocos días después del referéndum ilegal del 1-O, el rey pronunció un discurso televisado en el que defendió la Constitución y la unidad de España con un tono firme. Fue una intervención inusualmente directa. Quienes esperaban un lenguaje más conciliador se sintieron defraudados; quienes consideraban que la Corona debía posicionarse con claridad lo aplaudieron. Lo cierto es que aquel discurso consolidó una línea que ha caracterizado su reinado: la defensa del marco constitucional como límite innegociable, sin entrar en el debate político de las soluciones.
Esa postura tiene partidarios y críticos, pero refleja una concepción precisa del papel monárquico. Felipe VI no pretende ser un mediador entre posturas políticas enfrentadas en el sentido negociador del término. Su papel, tal como lo entiende, consiste en sostener el marco dentro del cual la política opera.
La sombra de la abdicación
No se puede comprender el reinado de Felipe VI sin atender al contexto en que comenzó. La abdicación de Juan Carlos I no fue un traspaso tranquilo. Respondía a una crisis de credibilidad de la institución vinculada a asuntos económicos y personales del entonces rey emérito.
Felipe VI heredó, por tanto, una Corona dañada. Una de sus primeras decisiones fue renunciar a la herencia de su padre y retirar del palacio a personajes como la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin, implicados en casos judiciales. Eran gestos simbólicos, pero en una institución que se sostiene en buena medida con símbolos, esos gestos importan.
Sin embargo, los problemas vinculados a Juan Carlos I no desaparecieron. En 2020, el rey emérito se trasladó a Abu Dabi tras revelarse informaciones sobre cuentas opacas y movimientos financieros en paraísos fiscales. La Casa del Rey emitió un comunicado en el que Felipe VI expresaba su respeto por la decisión de su padre, pero la distancia entre ambos quedó patente. Para muchos observadores, aquel episodio fue la confirmación de una ruptura institucional entre el reinado anterior y el actual.
El asunto es delicado porque la legitimidad de la Corona descansa en buena parte en la figura de Juan Carlos I como artífice de la transición. Cuestionar al rey emérito es, en cierto modo, remover los cimientos de la monarquía restaurada. Felipe VI ha navegado ese terreno con una fórmula difícil: reconocer el papel histórico de su padre sin asumir la responsabilidad por sus actuaciones personales posteriores.
Modernización con límites
Una de las promesas implícitas del comienzo de este reinado fue la modernización de la Casa del Rey. Se habló de transparencia, de austeridad, de apertura. En algunos aspectos, ha habido cambios reales. Se publicaron por primera vez los presupuestos de la Casa del Rey con cierto detalle. Se nombró a una mujer, Camilo Villabona, al frente de la Secretaría General, y posteriormente a otros cargos en un esfuerzo por incorporar perfiles diversos. La reina Letizia ha asumido un papel visible en temas culturales y sociales, con un estilo más cercano al de las consortes europeas que al de la tradición borbónica.
Sin embargo, la modernización tiene límites estructurales. La Corona española no es una institución que pueda reformarse desde dentro de manera radical. Su presupuesto depende del Gobierno, su papel lo define la Constitución, y cualquier cambio profundo requeriría una reforma parlamentaria que en el actual panorama político parece improbable. Felipe VI puede ajustar tonos, mejorar protocolos, dar imagen de austeridad, pero no puede transformar la naturaleza de la institución por sí mismo.
Esa es una de las paradojas de su reinado. Se le pide modernizar la monarquía, pero el margen real para hacerlo es estrecho. La modernización termina siendo, sobre todo, una cuestión de estilo y de gestión.
La sucesión preparada
La infanta Leonor, nacida en 2005, ha comenzado a ocupar un espacio público creciente. Tras su mayoría de edad, prestó juramento ante las Cortes en octubre de 2023, un acto que la sitúa formalmente como heredera. Su formación militar, en curso, sigue el modelo que el propio Felipe VI recorrió en su juventud.
La preparación de la sucesión es una de las tareas menos visibles pero más estratégicas de cualquier reinado. En el caso de Felipe VI, tiene un peso añadido porque la continuidad de la institución no puede darse por sentada en un país donde el sentimiento republicano, aunque minoritario en los sondeos, cuenta con una presencia política significativa.
Involucrar a Leonor en actos institucionales, darla visibilidad progresiva, presentarla ante las Fuerzas Armadas y ante la sociedad responde a esa lógica. No es una novedad en la historia de las monarquías europeas, pero en España adquiere una urgencia particular. La Corona sabe que cada reinado es un préstamo que debe renovarse, y la preparación de la siguiente generación forma parte de esa renovación.
¿Para qué sirve un rey hoy?
Esta es la pregunta que subyace en cualquier análisis serio sobre Felipe VI. En una democracia plena, con instituciones funcionales y un parlamento elegido por sufragio universal, la existencia de una jefatura del Estado hereditaria resulta, como mínimo, discutible. Los defensores de la monarquía argumentan estabilidad, continuidad, un papel neutro de representación exterior y un símbolo de unidad por encima de las disputas partidistas. Los críticos señalan que todas esas funciones pueden ejercerse por un presidente elegido, y que la transmisión hereditaria del cargo es incompatible con los principios democráticos.
Felipe VI no puede resolver ese debate. Lo que sí puede hacer, y en cierta medida ha intentado, es demostrar que la Corona, mientras exista, cumple una función útil y no se convierte en un lastre para la democracia. Su estilo sobrio, su discreción en asuntos políticos cotidianos, su presencia en foros internacionales y su papel en momentos de tensión institucional forman parte de ese esfuerzo.
No es una tarea sencilla. La monarquía española convive con un sentimiento republicano presente en partidos con representación parlamentaria, con el recuerdo de la Segunda República y con una sociedad considerablemente más laica y diversa que la de 1975. El reinado de Felipe VI transcurre en un país que ya no necesita que la Corona sea el garante de la transición, porque la transición es historia. Necesita, si acaso, justificar por qué la Corona sigue teniendo un sentido.
Un reinado en busca de su definición
Hay algo provisional en la valoración de un reinado en curso. Felipe VI lleva más de una década en el trono, un tiempo suficiente para identificar tendencias, pero insuficiente para emitir un juicio definitivo. Lo que sí puede decirse es que su reinado no ha sido ni el de un monarca transformador ni el de una figura decorativa. Ha sido, más bien, el de un jefe del Estado que ha intentado sostener una institución heredada en dificultad y adaptarla a un país complejo.
Su mayor logro institucional, hasta ahora, ha sido evitar que la crisis de credibilidad heredada se tradujera en una crisis sistémica de la Corona. Su mayor desafío sigue siendo convencer a una parte de la sociedad, creciente en algunos sectores, de que la monarquía tiene un lugar legítimo en la España del siglo XXI.
El resto, como ocurre con tantos personajes públicos que ejercen su papel en tiempos que aún no se han convertido en historia, quedará para la mirada retrospectiva. Por ahora, Felipe VI sigue haciendo lo que los reyes constitucionales hacen: representar, moderar, sostener un marco. Y demostrar, año tras año, que esa función tiene sentido.