Desafuero: cuando la protección política toca fondo

En toda democracia funcional existe una tensión inevitable. Por un lado, los representantes populares necesitan ciertas garantías para ejercer su cargo sin temor a represalias judiciales inventadas por sus adversarios. Por el otro, ninguna persona debería quedar fuera del alcance penal cuando existen indicios sólidos de un delito. De ese dilema nace una figura tan poderosa como delicada: el desafuero.
Mucha gente confunde el fuero con impunidad absoluta. No es lo mismo. El fuero —o inmunidad parlamentaria— no extingue delitos, simplemente establece un filtro adicional antes de que un juez pueda proceder contra ciertos funcionarios. Es una protección procesal, no un salvoconducto para delinquir. Y el desafuero es, literalmente, el acto de retirar esa protección cuando hay razones que lo justifican.
Para entenderlo sin tecnicismos conviene aterrizar el concepto. En países como México, los senadores, diputados y otros altos cargos gozan de fuero constitucional. Esto significa que, si se les acusa de un delito, la fiscalía no puede simplemente girar una orden de aprehensión. Antes debe solicitar a la Cámara correspondiente que revise el caso y vote si concede o no el desafuero. Es decir, separa al representante de su escudo para que la justicia ordinaria actúe en igualdad de condiciones.
El procedimiento varía según el país y la época. En España se habla de “suplicatorio” y lo decide el Tribunal Supremo o el Parlamento, según el caso. En otros sistemas se requiere una mayoría calificada del Congreso. Lo común es que exista un debate sobre la verosimilitud de la acusación, y es ahí donde la política suele desbordar lo jurídico.
El caso más recordado en la historia reciente de México ilustra perfectamente esa zona gris. En 2005, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue sometido a un proceso de desafuero por presuntamente desacatar una orden judicial en un caso de expropiación de terrenos. La Cámara de Diputados votó a favor de retirarle la inmunidad, lo que permitía encausarlo penalmente. La medida desató protestas masivas porque amplios sectores la interpretaron como una maniobra política para impedir su candidatura presidencial. Al final, el proceso penal no prosperó y el episodio quedó como un símbolo de los riesgos de usar el desafuero como arma política.
Esa ambivalencia es central. En teoría, el desafuero existe para que los servidores públicos no gocen de una protección perpetua que los coloque por encima de la ciudadanía. En la práctica, sin embargo, la decisión de retirar o mantener el fuero casi nunca se toma con frialdad técnica. Los congresos están compuestos por fuerzas políticas con intereses, alianzas y cálculos electorales. Un voto a favor del desafuero puede responder a una convicción de justicia o a una jugada contra un adversario incómodo; uno en contra puede defender garantías institucionales o simplemente proteger a un aliado.
Por eso los sistemas democráticos maduros intentan blindar el proceso con criterios objetivos y plazos claros. Se exige que la solicitud de desafuero contenga pruebas mínimas, que la decisión recaiga en un órgano colegiado y que quede abierta la vía de revisión judicial. Aun así, el factor humano —la política— siempre acecha.
Lo que conviene retener es que el desafuero no es un castigo anticipado ni un veredicto de culpabilidad. Solo remueve un obstáculo para que la investigación avance. La persona desaforada sigue gozando de presunción de inocencia y debe ser juzgada con todas las garantías del debido proceso. Confundir desafuero con condena es uno de los errores de percepción más frecuentes y peligrosos.
Mientras existan cargos públicos con inmunidad, el desafuero será una válvula indispensable del sistema. Mal utilizado, erosiona la confianza en las instituciones y puede convertirse en una herramienta de persecución. Bien aplicado, cierra la brecha entre el poder y la ley. El verdadero reto está en que cada proceso se mida con la misma vara, sin importar el color partidista ni el momento electoral.