Entre el conflicto y la confianza: el Ejército Nacional en la Colombia contemporánea

Durante décadas, la imagen del Ejército Nacional de Colombia estuvo ligada casi exclusivamente a los operativos en zonas de difícil acceso, a los titulares sobre enfrentamientos o a la presencia en territorios marcados por la violencia. Hoy, sin embargo, caminar por ciertas regiones del país significa encontrarse con unidades que apoyan la reparación de caminos rurales, que colaboran en la respuesta a emergencias climáticas o que trabajan junto a alcaldías y comunidades en procesos de estabilización territorial. Este cambio no responde a una moda institucional. Refleja una fuerza que intenta adaptar su mandato a un país que, a su vez, está aprendiendo a convivir con la memoria del conflicto y la incertidumbre de la paz.
La evolución del Ejército Nacional de Colombia no puede leerse solo a través de sus operaciones tácticas. Su historia reciente está marcada por la tensión entre el combate a grupos armados ilegales y la necesidad de ganar legitimidad en territorios donde el Estado llegó tarde. Durante años, la doctrina militar priorizó la recuperación de territorio y el debilitamiento de estructuras insurgentes y narcoparamilitares. Esa fase dejó resultados operativos, pero también generó fracturas profundas en la relación con la población civil. Reconocer esa herida ha sido, paradójicamente, el punto de partida para una transformación más amplia.
Hoy, la institución opera bajo un marco más complejo. La seguridad ya no se mide únicamente por la cantidad de bajas o la captura de cabecillas. Se mide, en parte, por la capacidad de mantener presencia sin generar rechazo, por la coordinación con autoridades civiles y por la contribución a entornos donde la economía legal pueda echar raíces. Brigadas de ingenieros que mejoran la conectividad en el Catatumbo, unidades que apoyan la sustitución voluntaria de cultivos, y contingentes que asisten en desalojos por deslizamientos o inundaciones son ejemplos de cómo el rol militar se ha expandido sin perder su núcleo defensivo. Esta expansión no es exclusiva de Colombia, pero adquiere matices particulares en un país donde la geografía fragmentada y la historia de violencia exigen soluciones que van más allá del fusil.
El desafío más visible de esta transformación reside en la construcción de confianza. La presencia militar en zonas rurales ha sido históricamente ambivalente: para algunos, representa protección y orden; para otros, evoca desconfianza o experiencias de abuso. La institución lo sabe. Por eso, en los últimos años se ha impulsado una mayor profesionalización del mando intermedio, se han reforzado los mecanismos de rendición de cuentas y se ha intentado integrar enfoques de derechos humanos en la formación de base. El proceso es lento y, a veces, contradictorio. No existe un manual que enseñe a una fuerza armada a convivir con comunidades que han aprendido a sobrevivir por su cuenta. La legitimidad no se decreta; se gana con presencia constante, con respeto a la jurisdicción civil y con la capacidad de escuchar antes de actuar.
La modernización institucional tampoco es solo un asunto de equipamiento o tecnología. Involucra la manera en que el Ejército Nacional de Colombia se relaciona con la sociedad que protege. La transparencia en el uso de recursos, la claridad en los protocolos de actuación y la disposición a dialogar con veedurías ciudadanas son indicadores tanto o más importantes que la cantidad de patrullas desplegadas. Cuando una comunidad entiende que su seguridad no depende exclusivamente de la fuerza, sino de la coordinación con instituciones civiles, el tejido social comienza a recuperarse. Ese es, quizás, el terreno más difícil de conquistar.
Mirar hacia adelante implica aceptar que la institución seguirá navegando entre dos polos: la necesidad operativa y la responsabilidad social. La profesionalización militar, el fortalecimiento de la inteligencia territorial y la adaptación a nuevas amenazas como la minería ilegal o el crimen organizado transnacional son desafíos reales. Pero el verdadero punto de inflexión está en cómo se gestiona la presencia humana. Un soldado bien entrenado, con criterios claros y respaldo institucional, puede evitar más conflictos de los que resuelve con la fuerza. Ese equilibrio es lo que define la relevancia contemporánea del Ejército Nacional de Colombia.
La historia no borra sus huellas con un cambio de uniforme. Lo que sí puede hacer es ofrecer un camino distinto. La institución ya no se mide solo por lo que logra en el campo de batalla, sino por lo que construye cuando el combate termina. En un país que busca consolidar su estabilidad, esa distinción marca la diferencia entre una fuerza que ocupa un territorio y una que, finalmente, pertenece a él.