La promesa que se desmoronó: Martín Vizcarra y el precio de la ambigüedad

Hay figuras políticas que entran a la historia por la puerta grande de la legitimidad y salen por la ventana estrecha de la desconfianza. Martín Vizcarra es, para bien y para mal, el rostro más nítido de ese péndulo peruano. En menos de cuatro años pasó de ser un gobernador regional casi desconocido a ocupar la presidencia, liderar una lucha anticorrupción que encendió las calles y, finalmente, caer destituido en medio de un escándalo que aún proyecta sombras sobre la política del país.
Lo que hace singular el caso Vizcarra no es solo la velocidad del ascenso y la caída, sino la forma en que ambos momentos se alimentaron de una misma materia prima: las expectativas ciudadanas. Cuando asumió el poder en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el país respiraba agotamiento. El escándalo de Odebrecht había calado hondo y el Congreso era visto como un refugio de intereses particulares. Vizcarra, ingeniero de profesión y con un perfil discreto, supo leer ese hartazgo y se presentó como el antídoto: un hombre sin maquinaria política propia, dispuesto a confrontar al Parlamento y empujar reformas que limpiaran el sistema.
Esa decisión de plantar cara al Legislativo le granjeó una popularidad poco común. La disolución del Congreso en septiembre de 2019, aunque controvertida desde el punto de vista constitucional, fue aplaudida por una mayoría que veía en ese gesto una ruptura necesaria. Las encuestas llegaron a rozar niveles de aprobación cercanos al ochenta por ciento, una cifra que en el volátil tablero peruano equivale casi a un cheque en blanco. Pero los cheques en blanco también caducan, y el de Vizcarra empezó a hacerlo cuando la misma bandera de la honestidad que él había enarbolado comenzó a volverse en su contra.
El punto de inflexión no fue un solo hecho, sino una acumulación de revelaciones. Las vacunaciones irregulares en plena pandemia, conocidas como el caso “Vacunagate”, agrietaron la imagen del presidente que pedía sacrificios a la población mientras su círculo recibía dosis de Sinopharm fuera de los protocolos. Luego vinieron las investigaciones fiscales por presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua, en el marco de la licitación del proyecto Lomas de Ilo y la carretera Moquegua-Arequipa. Vizcarra negó los cargos una y otra vez, pero el daño político ya estaba hecho: la coherencia entre el discurso y la conducta, que había sido su principal activo, se resquebrajó de forma irreparable.
En noviembre de 2020, el Congreso aprobó su destitución por “incapacidad moral permanente”, una figura tan elástica como polémica que ha servido para sacar a más de un presidente sin necesidad de una condena judicial. Fue el segundo mandatario peruano en caer por ese mecanismo en menos de tres años. Las calles, antes llenas de jóvenes que respaldaban sus reformas, esta vez se dividieron entre quienes denunciaban un golpe parlamentario y quienes sentían que el paladín anticorrupción había terminado siendo parte del problema que prometió combatir.
Desde entonces, Vizcarra ha transitado un camino cada vez más estrecho. Fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos durante diez años y las investigaciones fiscales continúan su curso. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en tertulias y columnas de opinión como un síntoma de algo más profundo: la dificultad peruana para construir liderazgos que sobrevivan a sus propias contradicciones.
Más allá de las causas judiciales pendientes, el legado de Vizcarra plantea preguntas incómodas para la ciudadanía. ¿Hasta qué punto la popularidad inmediata puede ser un espejismo? ¿Basta con señalar la corrupción ajena para construir autoridad moral? La historia de este exmandatario recuerda que en política, como en tantos otros oficios, la credibilidad se construye gota a gota y se derrama a baldazos. Y que los liderazgos sostenidos únicamente por la confrontación suelen derrumbarse cuando el enemigo externo desaparece y la lupa se posa sobre quien empuña la promesa.
En ese sentido, Martín Vizcarra no es un caso aislado, sino la expresión concentrada de una etapa política marcada por la desconfianza institucional, la personalización del poder y la fragilidad de las lealtades. Su trayectoria, con todo y sus claroscuros, ya forma parte del inventario de lecciones que el Perú va acumulando mientras sigue intentando cerrar la brecha entre lo que espera de sus líderes y lo que recibe.