Hace unos años, en una cena familiar, un tío me describió su voto como "liberal" mientras defendía políticas que hubieran horrorizado a los liberales del siglo XIX. No estaba siendo contradictorio; simplemente ilustraba cómo una de las etiquetas políticas más antiguas del mundo occidental ha terminado por significar cosas tan distintas que casi pierde su sentido original. Esa conversación me hizo pensar en el extraño destino de los partidos liberales: aquellos que inventaron la política moderna y hoy luchan por entender su lugar en ella.
Los partidos liberales nacieron en el siglo XIX como una fuerza revolucionaria, aunque nunca tan radical como los socialistas que les hicieron sombra. Su programa era claro: separación de poderes, libertad de prensa, libre comercio, sufragio censitario (que al menos era algo) y un Estado mínimo que no interfiriera en la iniciativa privada. En países como España, Colombia o Gran Bretaña, los liberales fueron los que desmantelaron el Antiguo Régimen, lucharon contra la influencia eclesiástica en el Estado y construyeron las primeras constituciones que reconocían derechos individuales.
Pero el siglo XX les puso una trampa. El sufragio universal, las crisis económicas y el auge del movimiento obrero forzaron a los liberales a elegir: o se mantenían fieles a su ortodoxia del libre mercado y arriesgaban a perder relevancia, o aceptaban las demandas de intervención estatal y se diluían en una socialdemocracia que ya no era exactamente liberal. Muchos optaron por la segunda vía. Los partidos liberales europeos, por ejemplo, terminaron aceptando la seguridad social, la regulación laboral y un Estado de bienestar que sus fundadores habrían considerado una aberración.
Esa adaptación les salvó del ostracismo, pero les creó un problema de identidad. Si casi todo el espectro político acepta ahora las libertades individuales básicas y alguna forma de economía de mercado, ¿qué queda para el partido liberal? La respuesta, en muchos países, ha sido especializarse: convertirse en defensores de las libertades civiles más que económicas, o en gestores técnicos del centro político, o en voces de la globalización y los valores cosmopolitas.
En América Latina, el destino de los liberales ha sido aún más complejo. Aquí el término "liberal" nunca se desligó del todo de su contraparte conservadora del siglo XIX. En algunos países, "liberal" sigue siendo sinónimo de derecha económica pura, mientras que en otros se asocia con el clientelismo y los viejos partidos tradicionales que el populismo prometía destruir. Cuando un político latinoamericano se declara liberal hoy, es casi imposible saber si está evocando a John Stuart Mill o simplemente rechazando la etiqueta de "progresista".
La crisis actual de los partidos liberales no es solo semántica. El auge del populismo, la polarización y los movimientos identitarios les han arrebatado su monopolio del discurso de las libertades. Los nacionalistas reclaman la libertad de preservar su cultura; los progresistas, la libertad de vivir sin discriminación; los libertarios, la libertad de no pagar impuestos. Todos usan el lenguaje de los derechos, pero con agendas que se contradicen entre sí.
Quizá el verdadero legado de los partidos liberales no sea un programa político concreto, sino una forma de hacer política: la creencia de que las instituciones importan, que los debates deben basarse en argumentos más que en emociones, y que la oposición no es enemiga. Valores que, curiosamente, hoy necesitan defensa más que nunca, aunque ya no haya un partido liberal claro que los defina sin ambigüedades.
Al final de aquella cena, mi tío concluyó: "Yo soy liberal porque creo en la libertad, pero cada uno entiende eso a su manera". Tenía razón. Y ese es precisamente el problema.
Cuando "liberal" dejó de significar lo mismo
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